Estoy imputado en un delito de injurias

Y me declaro culpable... de eso y de mucho más.

Hace varios días, prometí hacer, cuando se hubiere producido, una narración detallada de mi aventura judicial del día de hoy, 14 de mayo, y, como soy hombre de palabra, cumplo con gusto lo prometido, más aún en estos tiempos que corren, en que podría surgir algún espontáneo que afease mi informalidad llamándome Zapatero (quede bien claro que con mayúscula, pues los zapateros son tan dignos como cualquier otro ciudadano). Y es que, como algunas comparaciones son odiosas, si alguien cometiese contra mí el agravio de llamarme Zapatero, volvería, sin duda, a verme de nuevo imputado en un delito; pero, en tal caso, ya no sería de injurias, sino de asesinato. ¡Hasta ahí podíamos llegar!

Las comparaciones y los epítetos conllevan siempre un riesgo que hay que sopesar antes de hacer uso de ellos. Por ejemplo, he comprobado que hay muchos irresponsables, mal educados e irrespetuosos, que al Presidente de la República de Venezuela, el Coronel D. Hugo Rafael Chávez Frías, le llaman “gorila rojo”, lo que ha producido una reacción inmediata de protesta por mi parte, con la exigencia de que se pida perdón por tan obsceno agravio a todos los gorilas del mundo.

Y, dejando ya a un lado estas disquisiciones, con las que pretendo demostrar que procuro ser hombre de palabra, defecto que me ha convertido en un inútil total para las actividades políticas, entramos en el tema propuesto, con la garantía de que todo lo que se exponga es cierto.

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Un día de finales de marzo, recibí una carta certificada del Juzgado nº. 8 de Orihuela, que contenía el escrito que puedes ver en la imagen de al lado, en el que se me citaba para el día 14 de mayo a las 11’30, para “PRESTAR DECLARACIÓN EN CALIDAD DE IMPUTADO”.

¡No podía creérmelo! Yo estaba compartiendo una consideración común a personalidades muy distinguidas de la vida española, cuyos nombres prefiero omitir, para no inducir al pecado de la envidia a muchos de la buena gente que quisiera ser como ellos; pero no pueden, por falta de oportunidades o incluso de aptitudes.

Enseguida supuse su origen; pero, para salir definitivamente de dudas, me encaminé al juzgado citante, donde me confirmaron que mi delito había consistido en dirigir a la Ilmª. Srª. Dª. Gloria Muñoz Rosell, Magistrada Juez del Juzgado de 1ª. Instancia nº. 6 (de familia) de Málaga, el escrito que puedes leer si pinchas aquí.

Esta Ilustrísima (a quien doy el tratamiento merecido por rango profesional, porque me cuesta trabajo tratarla de Señora), una feminista peligrosa y agresiva, ha sido la juez que sentenció mi divorcio y el juicio en que yo solicitaba una reducción de la cantidad que abono a mi parte contraria vitalicia, que en la actualidad asciende a 900’70 euros mensuales, embargados de mi pensión. Teniendo en cuenta que la beneficiaria, María José Sáiz Martínez, tiene en la actualidad 69 años y lógicamente no tiene hijos a su cargo, dejo que cada uno imagine el negocio que hizo con casarse conmigo y amargarme la vida con sus insidias y borracheras, hasta que tuve que salir huyendo y renegar de toda una familia.

Cuando he pedido al Juez Decano de Málaga (D. José María Páez), al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (D. Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala) y al Presidente de Consejo General del Poder Judicial (D. Carlos José Dívar Blanco) que cambien mi expediente a otro juzgado para librarme de las garras de esta feminista, me contestan que archivan mis escritos; pero, cuando me desbordo consciente e intencionadamente en epítetos merecidos y digo que la Administración de Justicia Española es una puta mafia corporativista, sienten herida una dignidad que no tienen y arremeten contra mí.

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Ése es el delito por el que he ido a prestar la declaración que puedes leer si amplias estas figuras, en un acto que, además ha estado salpicado de otras anécdotas de las que no quiero privarte.

En primer lugar, se me ofreció la posibilidad de ir acompañado de un abogado de mi elección o, en caso contrario, se me proporcionaría, por imperativo legal, la asistencia de un abogado de oficio; pero como no quiero más defensa que la poca que pueda ofrecerme la verdad, virtud que en España está muy devaluada, renuncié a la protección de un letrado. No obstante, como, según se ha dicho antes, la presencia de un abogado en declaraciones de este tipo es de imperativo legal, se presentó en la sala un profesional encargado de mi defensa quien se sentó directamente en el lugar que supongo que tenía asignado.

Al empezar la declaración, lo primero que hice fue presentar mi respeto con carácter personal al letrado y advertirle que, como yo no lo había llamado y aceptaba su presencia porque me obligaba la Ley, no me consideraba vinculado por nada que firmase él. Se limitó a pedir que me leyesen mis derechos y no volvió a abrir la boca en todo el acto. Al despedirse, le reiteré mi respeto y le rogué que no se considerase ofendido. Él me mostró su comprensión.

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Ma atrevo a sospechar que esto de la presencia obligatoria de un abogado defensor, aunque no se necesite, es una hábil maniobra del correspondiente e “Ilustre” Colegio Oficial, pues, cuanto más imprescindibles sean para todo, mayores son los beneficios, especialmente económicos.

En el texto de la declaración que figura en estas páginas, faltan, lógicamente, algunos detalles, como que, después de asegurar que estoy dispuesto a deponer mi actitud tan pronto como se retire la querella y se traslade mi expediente donde no pueda intervenir esta Ilustrísima, dije una frase que no consta en la declaración escrita y repito aquí con la solemnidad de un juramento:

No hay en España togas suficientes para hacer que yo me calle.

No voy a dar aquí más detalles de las felonías sufridas por mí, porque tendría que volver a escribir lo que figura en dos libros ya publicados: Si pides Justicia date por jodido y Así funciona España, en los que puedes encontrar ejemplos alarmantes de la corrupción que impera en nuestro país, no sólo en los tribunales, sino en el INSS, en el Defensor del Pueblo, en AENA, en lo que yo llamo “Hay-untamientos” y (¿cómo no?) en la abnegada labor de nuestros ilustres políticos de pro. Una corrupción propia de un pueblo subdesarrollado, incapaz de salir de su aborregamiento y reaccionar en defensa de sus derechos y su dignidad.

Y, como despedida, sólo me queda prometer que, si alguien es capaz de demostrarme que la Administración de Justicia Española no es una puta mafia corporativista, me retractaré y pediré perdón. Si nadie lo hace, no dejaré de repetirlo y, parodiando a Rajoy, “que haga la Justicia lo que quiera”.